Hugo Abad Frías, nuevo portavoz de Verdes Equo Castilla–La Mancha, lanza la precampaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 haciendo un llamamiento a generar una política valiente en la región, una política que cuide de todas las personas y afronte las crisis social y ecológica que vivimos, dos crisis íntimamente conectadas que pueden sentirse con fuerza en la realidad de Castilla–La Mancha.
Estas son las palabras que hace llegar a través de este artículo:
No es sencillo tomar una decisión así cuando estás acabando tus estudios, pero siento que la situación requiere implicación y las condiciones se han dado para dar el paso. Solo saber que nos quedan apenas unos pocos años para evitar los peores efectos de la crisis climática y que serán irreversibles si no cambiamos de trayectoria es un hecho clave, pero no solo eso: saber y sentir que otra forma de hacer política basada en el diálogo, la cooperación y la participación ciudadana es posible es un elemento central para estar dando forma a este proyecto que aspira a obtener representación en las Cortes de Castilla–La Mancha y en municipios de toda la comunidad.
Las crisis ecológica y social que vivimos tienen causas comunes y es doloroso ver cómo desde las instituciones aún solo se atienden sus síntomas. En el debate sobre el Estado de la Región que tuvo lugar hace dos semanas en las Cortes quedó patente de nuevo la ausencia de cualquier análisis profundo por parte del Gobierno regional y los grupos políticos representados sobre la magnitud de la situación que afrontamos. La primera realidad es que el sostenimiento de la vida misma en la región en las próximas décadas está en juego teniendo en cuenta la evidencia científica más reciente. El avance de la desertificación y la contaminación y agotamiento de los acuíferos son signos claros de la vulnerabilidad de la región al cambio climático. Por lo tanto, desde Verdes Equo Castilla–La Mancha sentimos que no solo se trata de avanzar hacia políticas de mitigación que adelanten el objetivo de neutralidad climática para el año 2040 (el actual fijado por la Junta es 2050) sino de comenzar a implementar de forma decidida políticas de adaptación que aseguren la habitabilidad y el bienestar social y ecológico de Castilla–La Mancha en el corto, medio y largo plazo, repensando los usos del agua y del terreno, para poner en el centro las necesidades de las personas y la regeneración de los ecosistemas. Por otro lado, atender a las causas estructurales de la situación social actual más allá del impacto de la pandemia supone poner de relieve los últimos datos que muestran que 665.000 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla – La Mancha, un 32,5% de la población, constituyendo un incremento de 1,8 puntos en los últimos 5 años (XII Informe EAPN España). Avanzar hacia un modelo que vaya a la raíz del problema supone articular y reforzar políticas que lidien con causas base de la desigualdad como el acceso a la vivienda a precios asequibles, el freno a la pobreza energética o la brecha de género en todos los ámbitos vitales, creando sinergias positivas entre políticas sociales y ecológicas para una transición justa.
Las macrogranjas que pueblan las zonas rurales de la región o proyectos como el aeropuerto de Ciudad Real son claros ejemplos de un modelo de “progreso” para unos pocos a costa de la población en conjunto. Dar espacio a las necesidades reales de las personas y territorios comienza por generar un abastecimiento de energía y alimentos acorde con las necesidades locales reales, creando espacios de participación real en el medio rural y urbano.
En el ámbito energético las comunidades energéticas y el autoconsumo deben ser los grandes pilares de esta transformación, ya que no se trata simplemente de una transición plena a energías renovables sino del cómo: una transición socialmente justa. A esto cabe añadir una apuesta decidida por la relocalización de los sistemas alimentarios, acercando productor y consumidor en mercados locales agroecológicos que mejoren la calidad de vida en la agricultura y en la pequeña y mediana industria asociada a esta. Los recursos destinados a la innovación para la sostenibilidad y el apoyo a la pequeña y mediana empresa durante los procesos de cambio son piezas clave de esta transformación, sumado todo esto al impulso de la economía social y solidaria protagonizada por cooperativas, asociaciones y entidades que sitúan la utilidad social por delante del lucro particular.
De mi recorrido en el movimiento climático he aprendido la importancia de reclamar que ante cambios sin precedentes necesitamos medidas sin precedentes. Es vital que nos organicemos desde la ciudadanía para hacer una política que no esté atada a los intereses de maximización de beneficio económico de unas pocas personas y empresas, sino dirigida al bien común, al cuidado de todas y cada una de las personas que habitamos Castilla-La Mancha independientemente del origen, edad, orientación sexual o identidad de género. Y eso requiere poner límites de forma colectiva para definir qué consideramos como valioso en el espacio común que compartimos a través de la política.
Es una realidad: nuestras vidas están entrelazadas, y no solo nuestras vidas humanas, también nuestras vidas con las de los seres vivos que habitan los ecosistemas de los que dependemos para nuestra subsistencia y en los que estamos insertas e insertos. Por ello consideramos la salud y el bienestar social como el resultado de la interrelación entre todas las políticas, y no simplemente como una serie de medidas concretas aisladas del resto y de las condiciones ecológicas que lo hacen posible.
La situación no es sencilla, con un proyecto amenazante y extendido, que entiende la emancipación como libertad a costa de todo, libertad a expensas de los y las demás. Para nosotros y nosotras la libertad real sólo puede ser realizada junto con las demás personas, dentro de los límites de los ecosistemas de los que somos parte y del reconocimiento de nuestra interdependencia como personas, lo que se traduce en cuidar de lo común: el agua, la educación, la sanidad, la cultura, la tierra que nos da los alimentos, los espacios públicos, el transporte colectivo o la atención a la salud mental. Defendemos avanzar hacia esta abundancia de lo común para lo cual un liderazgo institucional desde los municipios y el gobierno autonómico es necesario.
Si estamos en política no es para hacer cálculos de votos, sino para traer y hacer presente la realidad que vivimos, una realidad profundamente ausente en la toma de decisiones en este momento. Es una realidad compleja, pero verla es la única forma de ponernos en el camino de una transición hacia una sociedad más justa. Esto requiere dejar de medir el progreso con el producto interior bruto, donde todas las actividades económicas contabilizan por igual, y dirigirnos hacia una diversidad de indicadores que recoja de forma mucho más precisa el bienestar de las personas y del entorno que habitamos, acabando con la dependencia del crecimiento económico para generar bienestar. Esta búsqueda perpetua nos está dejando sin medio físico donde hacer realidad cualquier proyecto de vida común. Mientras creamos que un cada vez más irrealizable crecimiento económico se va a traducir en bienestar social estaremos perdiendo el tiempo para abordar la necesidad de atender de forma directa lo que queremos lograr: las condiciones para una vida buena para todas las personas en Castilla–La Mancha y en el mundo.
Esta es mi invitación, la del proyecto de Verdes Equo Castilla–La Mancha, ahora el camino lo hacemos todas y todos.